ESTRASBURGO, Francia (LifeSiteNews) – Cuando el actual ocupante de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, Emmanuel Macron, pidió que se consagrara el llamado “derecho al aborto” en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, obviamente estaba yendo más allá de su propio poder legal.
Aparte del hecho de que tal sugerencia es contraria a la ley natural, que prohíbe el asesinato de vidas inocentes, el aborto claramente no es un derecho a la luz de la ley internacional, las convenciones y los tratados, y a lo largo de los años se ha demostrado explícitamente que no es parte del área de competencia de la Unión Europea – por mucho que les gustaría que fuera así, ciertos representantes políticos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o grupos de intereses especiales que presionan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que incluye el grupo más grande de los 47 Estados del Consejo de Europa).
La participación personal de Macron en la promoción y liberalización del aborto ha sido sin duda lo que lo ha movido a hacer tal declaración cuando se dirigió el miércoles a los eurodiputados en Estrasburgo. Ese mismo día, el Senado francés examinaba la ampliación del recurso legal e incondicional al aborto (es decir, el aborto a pedido) de las doce a las catorce semanas de gestación con el beneplácito de la ejecutiva de Macron. Inmediatamente después de la elección del martes de Roberta Metsola, una presidenta nominalmente pro-vida, a la presidencia de la asamblea europea, su discurso también olía a un deseo de provocar a la Sra. Metsola mientras presidía la sesión.
El mismo día, Metsola hizo su propia promesa “feminista” en presencia de Emmanuel Macron, asegurándole el deseo del Parlamento Europeo de apoyarlo.
“Permítame confirmarle que el Parlamento realmente lo apoyará en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres; en este contexto, tenga la seguridad, señor presidente, de que personalmente estoy dispuesta a unirme al Pacto Simone Veil”, ha dicho.
El Pacto toma su nombre de la política francesa vinculada al proyecto de ley sobre el aborto que ha legalizó el asesinato de bebés no nacidos en Francia en 1975, la “Loi Veil”. Simone Veil fue también la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo. El Pacto Simone Veil fue lanzado a nivel europeo en enero de 2020 por representantes feministas de “Renew Europe”, un grupo de partidos de centro izquierda actualmente liderado por Stéphane Séjourné, miembro del partido La République en Marche de Macron. Además, Séjourné es el compañero homosexual de Gabriel Attal, el portavoz oficial del gobierno francés.
El Pacto fue presentado en el Parlamento Europeo por Séjourné y otros, en presencia de Macron, con la intención de “alinear progresivamente los derechos de las mujeres en Europa”, en otras palabras: identificar las leyes más favorables en los estados miembros e imponerlas en toda la UE. El aborto no se mencionó específicamente, pero Séjourné dijo que el objetivo era extender las leyes “progresistas” en Europa que defenderían la “paridad” entre hombres y mujeres y los “derechos sexuales y reproductivos”.
Y la Sra. Metsola anticipó la adopción oficial del pacto incluso antes de su posible adopción, o no, por parte de los parlamentarios y otras instituciones de la UE.
Habría sido su derecho, y hasta su deber, llamar la atención de Macron sobre cómo los estados miembros no han cedido su soberanía a la UE en temas relacionados con el aborto. Podría haber subrayado que, mientras el aborto legal es presentado por muchos como un “derecho”, y que en muchos lugares se considera, en la práctica, como tal, legalmente no es, de ninguna manera, un derecho.
El estatus del aborto es principalmente el de un acto exento de procedimiento penal, siempre que se cumplan ciertas condiciones, que varían de un país a otro, incluso cuando el aborto es accesible “a pedido” durante las primeras semanas de embarazo. Muchos países, incluida Francia, prevén o han previsto la “objeción de conciencia” a los médicos o personal médico en un sentido más amplio cuando se enfrentan a tal acto. Ésta es ciertamente una protección débil e insuficiente para el no nacido, pero subraya el hecho que, legalmente, el aborto no puede ser considerado en la misma categoría que los actos quirúrgicos o médicos “ordinarios”.
Gregor Puppinck del ECLJ (European Centre for Law and Justice – Centro Europeo para la Ley y la Justicia) ha dejado muy claro que el aborto no es un “derecho humano” a pesar de los esfuerzos de los eugenistas por incluirlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque la Declaración no prevé la “protección internacional de la vida humana antes del nacimiento”, otros documentos internacionales exigen “el respeto de la vida humana desde el momento de la concepción”. Son los “promotores de la anticoncepción”, ha señalado él, quienes “intentan constantemente imponer un derecho universal al aborto”.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está de acuerdo con esto, recuerda Puppinck:
El Tribunal Europeo ha estipulado que la Convención no garantiza ni el derecho al aborto ni el derecho a [hacer] un aborto. Ni siquiera otorga el derecho con impunidad al aborto en otro país. El Tribunal también dictaminó que la prohibición del aborto no viola la Convención. Finalmente, el Tribunal ha subrayado que el artículo 8 de la Convención, que garantiza el derecho a la vida privada y familiar, “no puede… ser interpretado en el sentido de que confiere el derecho al aborto”. Por lo tanto, no existe el derecho al aborto bajo la Convención Europea. La existencia de tal derecho de vida y muerte sobre un ser humano antes de nacer implicaría una negación absoluta de su humanidad, y no existe, hasta el momento, una mayoría dentro del Tribunal para hacerlo.
Pero los grupos de intereses especiales a favor del aborto se presentan repetidamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para cambiarlo, sin tener en cuenta el consenso internacional sobre el tema.
Por supuesto, la Unión Europea, una institución más restringida que el Consejo de Europa, también está siendo utilizada para presionar a los estados miembros que todavía no permiten ampliamente, o que desalientan, el aborto. Malta, Polonia y Hungría fueron los principales blancos de la petición de Emmanuel Macron por el llamado “derecho” al aborto. El plan parece ser alinear los plazos legales, eliminar cualesquier condiciones que puedan estar asociadas con la obtención de un aborto y tal vez incluso garantizar que todos los procedimientos de aborto sean pagados en su totalidad con dinero público.
Puppinck escribe:
En muchos países, el aborto está despenalizado bajo ciertas condiciones, pero debido a estas mismas condiciones, el aborto sigue siendo una derogación del principio del derecho a la vida. No se puede abortar “libremente”, ya que se estaría ejerciendo una verdadera libertad o derecho.
A nivel europeo, a menudo es visible una fuerte voluntad política para facilitar el acceso al aborto, particularmente en países donde está prohibido. Aun así, y es importante recalcar que sigue existiendo una lógica derogatoria: el aborto no es un derecho, ni un “bien”, sino una tolerancia, un mal menor.
Hay una razón fundamental para ello: el aborto siempre será diferente de un derecho. Está claro que un derecho tiene como objetivo garantizar la capacidad de una persona para actuar por su propio bien como ser humano. Todo lo que reconocemos como derechos fundamentales: pensar, asociarse, orar, hablar, son facultades a través de las cuales cada persona expresa su humanidad. Son facultades que los animales no poseen y que definen los derechos “humanos”. Los derechos fundamentales protegen el ejercicio de estas facultades nobles, específicamente humanas. Protegen aquello en lo que cada uno realiza su humanidad. Esto significa que, en el ejercicio de estos derechos fundamentales, el hombre se vuelve más humano.
Pero ¿se puede decir de una mujer que está más realizada y es más humana cuando aborta, que cuando estudia, se casa o se expresa? Entre un derecho fundamental y el aborto, la diferencia de naturaleza es obvia. Así, el aborto nunca puede ser un derecho fundamental. Además, sorprende bastante la resolución adoptada por los diputados franceses para celebrar el 40º aniversario de la legalización del aborto. Mientras el primer artículo presenta el aborto como un derecho universal, el segundo artículo recomienda su prevención. Pero si el aborto fuera realmente un derecho fundamental, sería absurdo e injusto impedir su uso. Es precisamente porque se tolera como un mal menor que debe ser objeto de una política de prevención.
Cuando Macron se dirigió al Parlamento Europeo el miércoles, dijo: “Veinte años después de la proclamación de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, que consagró la abolición de la pena de muerte en toda la Unión, deseo actualizar esta Carta, para hacerla más explícita sobre la protección del medio ambiente y el reconocimiento del derecho al aborto”. Dijo que esto promovería el “estado de derecho”.
El parlamentario croata Mislav Kolakusic respondió a su declaración con estas palabras: “En Francia, hay una limitación del estado de derecho y de los derechos humanos, y usted nos está prometiendo lo contrario de lo que ha hecho en Francia. Usted está orgulloso de que hoy en día no exista la pena de muerte en Europa, pero decenas de miles de ciudadanos han muerto por las consecuencias de la vacunación [COVID]. La vacuna es una pena de muerte. La vacuna debe ser una elección, con plena libertad, de cada ciudadano, de lo contrario es homicidio. El asesinato es asesinato; Usted puede leer los informes de la OMS”.
Macron lo escuchó, enmascarado y sin encogerse.
El pasaporte covid francés, aprobado este viernes por el Tribunal Constitucional, entrará en vigor el lunes. ¿Es ésta una expresión más de la cultura de la muerte? Francia lo promueve abiertamente de la misma manera que promueve el aborto, una pena de muerte que permite el asesinato legal de millones de ciudadanos de la UE.
